Según recordó, la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, obliga a todas las administraciones públicas a prestar a los ciudadanos cuatro servicios electrónicos básicos, en concreto, registro de documentos, conocimiento del estado de tramitación de sus asuntos, y poder pagar y ser notificado electrónicamente.
Aun cuando la fecha de aplicación obligatoria es el 31 de diciembre de 2009, la Diputación de Badajoz puso en marcha todos los mecanismos necesarios para que a finales del mes de junio todos los ayuntamientos de la provincia puedan prestar este servicio a los ciudadanos. En su intervención, Ropero destacó la "confianza" depositada por el Gobierno central en la administración local cuando confió a los ayuntamientos el Plan de Inversión Local dotado con 8.000 millones de euros. "Hemos demostrado que telemáticamente, desde el ayuntamiento de Madrid al más pequeño de España, hemos podido trasladar más de 31.900 proyecto para que el Plan echara a andar".
Durante la jornada, además de asuntos relacionados con la administración electrónica, se debatió sobre el pasado, presente y futuro de los telecentros, inmersos en un proyecto de dinamización por parte del Consorcio Identic, integrado por las diputaciones de Badajoz y Cáceres y la Asociación de Universidades Populares de Extremadura.
