Las tres ciudades, que destacan por ser los municipios donde más se utiliza el DNI electrónico, serán pioneras de este nuevo sistema implantado por el Ministerio del Interior para informatizar parte del proceso de votación. Esta primera prueba alcanzará a más de 280.000 electores, repartidos entre 154 colegios y 459 mesas electorales. Los comicios para el Parlamento Europeo se revelan como la ocasión idónea ya que tienen una circunscripción única y el escrutinio es más sencillo.
Ventaja del nuevo sistema
Al llegar, el presidente de la mesa introduce en el ordenador una memoria USB con el censo que le proporciona la Oficina del Censo Electoral. Con los datos de esta lista se elabora el acta de constitución de la mesa, que se envía por la red al Centro de Recogida de Información (CRI). A continuación llega el turno de los votantes, quienes se que identifican, como siempre, para que los integrantes de la mesa busquen los datos en el ordenador. La aplicación permite su incorporación automática a la lista numerada, donde aparece indicado el nombre y apellidos de cada uno de ellos por el orden en que votaron. En el caso del voto por correo, el certificado de inscripción lleva también un código de barras que identifica al elector.
Otras de las novedades es el procedimiento de recuento de votos, para el que bastará con pasar un lector por el código de barras identificativo de la candidatura que contiene cada papeleta. Al igual que los datos de constitución de la mesa y de participación, los de recuento se mandan electrónicamente al CRI, en lugar de por teléfono, lo que hace que el proceso sea mucho más rápido.
El Gobierno considera que estos cambios hacen que el proceso de votación sea más seguro. "Puede que no se eviten errores, pero sí somos más conscientes de ellos", explica Adolfo Hernández, director general de Política Interior. También resulta más respetuoso con el medio ambiente al imprimirse papeletas según las necesidades. "Se imprimían cantidades ingentes de papeletas que luego no eran utilizadas", ha señalado el delegado del Gobierno en Cataluña, Joan Rangel Tarrés.
Fuente: El País; EL Mundo